¿Y ahora qué sigue en Topolobampo?

Columna Junio 2026 “Desde el Surco”. Por Juan Manuel Campoy

Pocos proyectos de inversión en Sinaloa han generado tanta polarización como la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la Bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo. Son más de doce años de discusión, desde su presentación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, su continuidad durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y ahora su construcción en el inicio del nuevo sexenio.

Lo interesante es que el proyecto ha sobrevivido a gobiernos de distintos signos políticos. Lejos de frenarse con el cambio de administración federal, recibió impulso desde el propio gobierno de la Cuarta Transformación. Se realizaron consultas, se obtuvieron autorizaciones y varios de quienes hoy encabezan la oposición participaron, en distintos momentos, en el proceso que permitió su avance.
Mientras tanto, la empresa apostó por una estrategia que hoy parece haberle costado muy cara: hablar poco. Con la confianza de contar con los permisos necesarios, concentró sus esfuerzos en la construcción y dejó prácticamente vacía la cancha de la comunicación social. Ese vacío terminó siendo ocupado por la incertidumbre, las dudas y la desinformación.
El punto de quiebre llegó cuando comenzaron a instalarse las enormes estructuras industriales. La llegada de componentes de cientos de toneladas, que incluso obligó a retirar infraestructura urbana para permitir su traslado, hizo visible para miles de ahomenses la verdadera dimensión del proyecto. Fue entonces cuando una discusión que parecía limitada a expedientes técnicos y permisos ambientales se convirtió en un movimiento social.

Renació AQUÍ NO, un colectivo que en pocas semanas logró, lo que no pudo en años, movilizar a miles de ciudadanos y colocar el tema en la agenda nacional e internacional. Como suele ocurrir en este tipo de conflictos, el debate dejó de ser exclusivamente ambiental o técnico para convertirse también en un asunto político.

El gobierno federal ha dejado entrever que detrás del movimiento existen intereses económicos y políticos que buscan detener la inversión. Del otro lado, los opositores sostienen que su lucha responde exclusivamente a la defensa del territorio, del medio ambiente y de la actividad pesquera. Entre ambas narrativas, la sociedad intenta distinguir dónde termina la convicción ciudadana y dónde comienzan los intereses de unos y otros.

La visita de la titular de la SEMARNAT pareció aclarar un aspecto importante La dependencia escuchó a los inconformes, abrió una mesa de diálogo y se comprometió a vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental. Sin embargo, en ningún momento puso sobre la mesa la posibilidad de cancelar el proyecto. El mensaje fue claro: para el gobierno, el debate ya no gira en torno a la legalidad de la obra, sino al cumplimiento de las condiciones bajo las cuales fue autorizada.

Del lado de los opositores tampoco hay margen para la negociación. Los líderes de AQUÍ NO han reiterado que no existe un Plan B. Su única exigencia es la cancelación definitiva de la planta y su reubicación fuera de la Bahía de Ohuira. No contemplan escenarios intermedios ni medidas de mitigación que permitan la coexistencia del proyecto con la comunidad.
Y es precisamente ahí donde aparece el mayor desafío. ¿Cómo construir una mesa de diálogo cuando una de las partes sostiene que el proyecto es irreversible y la otra afirma que únicamente aceptará su cancelación?

La confrontación parece haber llegado a un punto donde ninguna de las posiciones está dispuesta a ceder. Mientras tanto, la construcción continúa, los bloqueos permanecen y la polarización aumenta.

La gran pregunta ya no es quién tiene la razón jurídica o política. La verdadera incógnita es qué mecanismo permitirá resolver un conflicto en el que ambos bandos aseguran no tener espacio para negociar. Porque cuando el diálogo inicia sin disposición a modificar posiciones, el riesgo es que deje de ser una herramienta para construir acuerdos y se convierta únicamente en un escenario para confirmar desacuerdos.

A todo esto se suma un ingrediente inevitable: la cercanía del proceso político en Sinaloa. Pocos quieren asumir el costo de respaldar o rechazar abiertamente un proyecto que hoy divide a la sociedad.

El problema es que el debate llegó cuando la obra ya estaba en marcha. Muchos ciudadanos desconocen el proyecto, sus riesgos, sus beneficios reales y el impacto que podría tener en la agricultura, la pesca y la vida de la región. Para quienes viven lejos, el riesgo parece distante; para quienes serán vecinos de la planta, la historia se ve completamente distinta.

La empresa asegura que será una de las plantas más seguras del mundo. El gobierno promete una estricta vigilancia ambiental. Sin embargo, la confianza no se decreta, se construye. Y precisamente esa confianza es la que hoy hace falta.

Por eso, para muchos habitantes de la Bahía de Ohuira, la moneda no está en el aire. Sienten que no están apostando un proyecto de inversión, sino la tranquilidad de sus familias para las próximas generaciones.

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