Los Mochis, Sinaloa. La académica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) e investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Dra. Diana Escobedo, consideró que la primera mesa de diálogo tripartita convocada para abordar el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no correspondió al planteamiento original que, afirmó, había sido expuesto por autoridades federales.
En entrevista al término del encuentro, la investigadora señaló que esperaba un espacio destinado principalmente a escuchar los agravios y antecedentes expuestos por las comunidades que durante más de una década han manifestado su oposición al proyecto.
“El espíritu de la reunión era que el Gobierno conociera de primera mano lo que las comunidades han vivido durante estos 13 años de litigios, amparos y conflictos. Sin embargo, encontramos una dinámica distinta, con la participación de la empresa y una exposición enfocada en explicar el proyecto”, expresó.
Escobedo indicó que, desde su perspectiva, el colectivo buscaba que en las mesas también estuvieran presentes representantes del sector agrícola, empresarial y otros actores regionales para que conocieran directamente los argumentos y experiencias de las comunidades indígenas y pesqueras.
La investigadora precisó que su postura es de carácter académico y está basada en años de trabajo de investigación en la región. Aclaró que, a su juicio, el debate no gira en torno a impedir la inversión industrial, sino a la ubicación seleccionada para el proyecto.
“No se trata de rechazar una inversión de esta magnitud; el planteamiento es que una instalación de este tipo se ubique en un sitio con menor sensibilidad ambiental y fuera de una zona ecológicamente tan importante como la Bahía de Ohuira”, sostuvo.
Durante la entrevista recordó que diversos instrumentos de ordenamiento territorial y resoluciones judiciales han formado parte del debate sobre el uso del suelo en la zona, por lo que consideró necesario que esos antecedentes sean analizados dentro del proceso de diálogo.
Respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos, Escobedo manifestó que existen alternativas siempre que se analice la posibilidad de desarrollar el proyecto en otra ubicación que reduzca los riesgos ambientales y sociales.
Finalmente, la académica lamentó que, en su opinión, las voces de investigadores y de integrantes de las comunidades no siempre han tenido suficiente espacio en el debate público, por lo que consideró indispensable que las mesas de diálogo garanticen la participación de todas las partes y permitan un intercambio abierto de argumentos técnicos, científicos y sociales.
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