La publicación, el pasado 15 de julio de 2026, del Acuerdo por el que se establecen acciones para la primera etapa de regularización de títulos de concesión y asignación de aguas nacionales, representa una noticia de gran relevancia para miles de usuarios del agua en México, particularmente para el sector agrícola.
Este programa, implementado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene como propósito regularizar aquellos títulos de concesión y asignación cuya vigencia concluyó y cuyos titulares no solicitaron la prórroga dentro del plazo establecido por la Ley de Aguas Nacionales o la presentaron de manera extemporánea. Con ello, se busca brindar certeza jurídica a los usuarios, fortalecer el ordenamiento del régimen de concesiones y contribuir a una administración más eficiente y sustentable del recurso hídrico.
Un programa esperado por los usuarios

La emisión de este Acuerdo no es un hecho aislado. Durante los últimos años, numerosos productores, organismos operadores y usuarios del agua enfrentaron dificultades para regularizar sus títulos, quedando fuera de programas anteriores y generando incertidumbre sobre la continuidad de sus derechos.
En este contexto, es justo reconocer la labor realizada por la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C. (ANUR), que previamente al inició de la revisión y actualización de las concesiones de agua, el consejo directivo de la Asociación que encabeza Alejandro Salcedo Ruiz, emprendió una intensa gestión institucional ante las autoridades federales, para solicitar que se estableciera un nuevo programa de regularización, que permitiera atender a los concesionarios que habían quedado excluidos de las etapas anteriores.
Las gestiones de la ANUR contribuyeron a mantener vigente este tema en la agenda pública y a destacar la necesidad de establecer un mecanismo extraordinario que brindara una nueva oportunidad a quienes, por diversas circunstancias, no pudieron renovar oportunamente sus concesiones.
¿Quiénes podrán beneficiarse?
La primera etapa contempla la regularización de títulos cuya vigencia haya vencido entre el 1 de enero de 2009 y la entrada en vigor del Acuerdo, siempre que correspondan a los siguientes usos:
- Doméstico.
- Público urbano.
- Agrícola.
- Pecuario.
- Acuacultura.
- Cualquier combinación de estos usos.
Los beneficiarios considerados son:
- Distritos de Riego, Unidades de Riego y Ejidos, sin límite de volumen.
- Entidades federativas y municipios que prestan directamente el servicio de agua potable.
- Personas físicas con concesiones de hasta un millón de metros cúbicos anuales.
Quedan excluidas de esta primera etapa las concesiones destinadas al uso agroindustrial.
Requisitos para la regularización
Los interesados deberán acreditar, entre otros aspectos:
- La personalidad jurídica correspondiente.
- La inscripción del título en el Registro Público Nacional del Agua.
- Que las obras de aprovechamiento se encuentran operando.
- La instalación y funcionamiento de medidores.
- Los volúmenes efectivamente utilizados durante los últimos dos años.
- Estar al corriente en el pago de derechos y obligaciones fiscales.
- No encontrarse sujetos a procedimientos administrativos o judiciales relacionados con la concesión.
Asimismo, CONAGUA verificará el aprovechamiento real del agua y podrá conciliar con los usuarios los volúmenes efectivamente utilizados para adecuar las concesiones a la realidad de cada aprovechamiento, considerando criterios de seguridad hídrica, disponibilidad del recurso, derecho humano al agua y seguridad alimentaria.
Simplificación administrativa
Además de la regularización de títulos, el Acuerdo incorpora medidas para abatir el rezago administrativo mediante la habilitación de estrados físicos y digitales para notificaciones, la publicación de resoluciones pendientes y mecanismos que faciliten la inscripción de resoluciones favorables en el Registro Público Nacional del Agua.
Estas acciones buscan reducir tiempos, costos y trámites para los usuarios, al tiempo que fortalecen la eficiencia administrativa de la autoridad del agua.
Una oportunidad que debe aprovecharse
El Acuerdo tendrá una vigencia de 365 días naturales, por lo que los usuarios que consideren ubicarse dentro de los supuestos previstos deberán acercarse oportunamente a las oficinas de CONAGUA para conocer el procedimiento y reunir la documentación necesaria.
Para el sector agrícola, esta primera etapa representa una oportunidad importante para recuperar la certeza jurídica sobre el uso de las aguas nacionales, condición indispensable para acceder a programas de apoyo, financiamiento, inversiones y para garantizar la continuidad de las actividades productivas.
Sin duda, este programa constituye un avance significativo en el ordenamiento de las concesiones de agua en México y refleja la importancia del diálogo permanente entre las autoridades y las organizaciones de usuarios. La gestión realizada por la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, A.C. demuestra que la participación organizada del sector puede traducirse en políticas públicas que atiendan las necesidades reales del campo mexicano y fortalezcan la seguridad hídrica y alimentaria del país.

















