Por Juan Manuel Campoy Acosta
FIRA, de institución financiera de prestigio a escudo político ante el abandono del campo mexicano
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) no son una institución improvisada ni un invento sexenal. Nacieron el 31 de diciembre de 1954, por disposición del Congreso de la Unión, y comenzaron a formalizar su operación en 1955, bajo un esquema financiero diseñado para impulsar el desarrollo del sector agropecuario y pesquero de México.
Durante décadas, FIRA construyó algo que no se consigue de la noche a la mañana: prestigio, credibilidad y confianza. Se convirtió en una institución técnica, con profesionales especializados y una estructura financiera reconocida por su responsabilidad en el manejo de los recursos y la atención de las necesidades del sector productivo.
Hoy, sin embargo, ese capital institucional parece estar entrando en una zona de riesgo.
La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero dejó un enorme vacío en el financiamiento público al campo, particularmente para los pequeños y medianos productores. Un hueco que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación no han conseguido llenar, pese a sus reiterados discursos sobre la importancia de la soberanía alimentaria y el respaldo a quienes producen los alimentos del país.
Y es aquí donde comienza el problema.
Después de desmantelar una institución que atendía necesidades de financiamiento de miles de productores, el Gobierno federal parece haber encontrado en FIRA una especie de pararrayos político. Ante la creciente presión de organizaciones agrícolas de todo el país, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha recurrido a su estructura para intentar contener las críticas por la falta de crédito, liquidez y mecanismos financieros que realmente respondan a las condiciones del campo mexicano.
De pronto aparecen programas, esquemas y mecanismos que pretenden ampliar la participación de FIRA y convertirlo en la respuesta a prácticamente todos los problemas de financiamiento del sector agroalimentario.
Pero hay una diferencia enorme entre utilizar una institución financiera para impulsar el desarrollo y pretender que resuelva, por decreto, las deficiencias de una política pública.
Los esquemas anunciados no terminan de encajar con las necesidades reales de los productores. Se diseñan mecanismos que, en lugar de facilitar el acceso al financiamiento, terminan imponiendo condiciones, requisitos y procesos que dejan fuera precisamente a quienes más necesitan recursos para producir.
Y todavía hay algo más delicado: utilizar el nombre, la estructura y los procedimientos de FIRA como vehículo para instrumentar supuestos apoyos gubernamentales, cuando lo que se requiere es claridad sobre el origen de los recursos, las condiciones de acceso y, sobre todo, quién asume la responsabilidad de cumplir los compromisos anunciados.
Porque una cosa es ofrecer crédito y otra muy distinta es entregar un apoyo gubernamental. Confundir ambos conceptos no resuelve el problema; solamente lo traslada al productor.
Mientras tanto, FIRA comienza a pagar una factura que no necesariamente le corresponde.
La institución se está convirtiendo en el nuevo costal de boxeo de los agricultores. Productores frustrados, endeudados y cansados de promesas incumplidas comienzan a mirar con desconfianza a sus funcionarios y a sus mecanismos de operación. Y aunque buena parte de ese enojo tiene su origen en decisiones de política pública que se toman desde otras instancias del Gobierno, el desgaste termina alcanzando a la institución que durante décadas construyó una reputación de seriedad.
Ese es precisamente el mayor riesgo.
El prestigio institucional es un activo que cuesta décadas construir y puede perderse en unos cuantos ciclos agrícolas. FIRA no debería convertirse en el responsable de cubrir los huecos que dejó la desaparición de la Financiera Nacional, ni mucho menos en el rostro financiero de programas gubernamentales que no terminan de aterrizar.
FIRA tiene una naturaleza, una estructura y una razón de ser. Es una institución de segundo piso, con mecanismos de operación financiera y una relación con intermediarios que no necesariamente le permiten atender directamente las urgencias de un productor que necesita recursos para sembrar, pagar sus créditos, adquirir insumos o sostener su actividad.
Pretender que haga las veces de una banca de desarrollo de primer piso, de una ventanilla de subsidios y, además, de instrumento para contener el descontento social del campo es pedirle que desempeñe funciones para las que no fue concebida.
FIRA no es, ni por mucho, la solución a todos los problemas financieros de la agricultura mexicana. Y utilizarla como argumento para aparentar que existe una política de financiamiento suficiente es una salida que puede terminar costando muy caro.
Si el Gobierno federal decidió desaparecer la Financiera Nacional, tenía la obligación de construir una alternativa sólida, accesible y funcional. No basta con cambiarle el nombre a los mecanismos, anunciar nuevas bolsas de recursos o trasladar responsabilidades a una institución que ya tiene sus propias reglas y limitaciones.
El campo no necesita simulaciones financieras ni discursos de escritorio. Necesita crédito oportuno, tasas competitivas, garantías accesibles y programas que respondan a los ciclos productivos y a la capacidad real de los agricultores.
Y si el propósito es terminar de erosionar una de las últimas instituciones financieras que todavía conservan credibilidad en el sector agropecuario, van por buen camino.
Porque cuando el agricultor común comienza a ver a los funcionarios de FIRA y a la propia institución como parte del mismo aparato de promesas incumplidas, el daño ya no es solamente financiero: es institucional.
Desprestigiar a FIRA no devolverá la Financiera Nacional, no resolverá la falta de crédito y mucho menos sembrará una sola hectárea más.
Lo verdaderamente lamentable sería que, después de más de siete décadas de construir prestigio, FIRA termine pagando el costo de una política pública que no ha sabido cómo financiar al campo mexicano.
Y eso, en un país que presume necesitar producir más alimentos, sería una contradicción difícil de justificar.
Al tiempo.

















